Ecopetrol 2007: cuando una petrolera estatal le vendió acciones a medio país

Antes de la emisión

Ecopetrol nació en 1951 como Empresa Colombiana de Petróleos, tras la reversión al Estado de la concesión petrolera que operaba una compañía extranjera en el Magdalena Medio. Durante medio siglo funcionó como empresa industrial y comercial del Estado y, simultáneamente, como administradora de los recursos petroleros del país: era operador y era autoridad.

Esa doble condición generaba un conflicto evidente. La misma entidad que competía por explorar y producir decidía sobre los contratos que se asignaban a terceros. Para un inversionista internacional, esa arquitectura era un desincentivo directo.

En 2003 se hizo la separación: se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos para administrar las reservas y asignar contratos, y Ecopetrol se transformó en sociedad pública por acciones, dedicada a operar. Es la decisión menos comentada del caso y probablemente la más importante.

La emisión

En 2007 el Gobierno autorizó la venta de una participación minoritaria del capital de la compañía, conservando el Estado el control mayoritario, que por norma no puede descender por debajo del ochenta por ciento.

La primera ronda de venta se realizó entre agosto y septiembre de ese año y estuvo dirigida de manera preferente a personas naturales, fondos de pensiones y cooperativas colombianas, con montos mínimos de compra bajos y plazos de financiación para pequeños compradores. Cerca de medio millón de inversionistas participaron, en su gran mayoría personas que nunca habían comprado una acción. La colocación recaudó varios billones de pesos.

Al año siguiente, la acción se listó también en la Bolsa de Nueva York mediante un programa de recibos de depósito, lo que sometió a la compañía a estándares adicionales de revelación de información.

Qué cambió realmente

Abrir el capital no fue principalmente una operación de financiación, aunque recaudó recursos importantes para el plan de inversión. Fue un cambio de régimen de rendición de cuentas.

1. Reportes trimestrales públicos con estándares de mercado de valores.
2. Auditoría externa y revelación bajo exigencias de dos reguladores, el local y el estadounidense.
3. Junta directiva con miembros independientes, no designados exclusivamente por el Gobierno.
4. Un precio de mercado diario que funciona como evaluación continua de la gestión.
5. Un accionista minoritario numeroso con incentivo y canales para preguntar.

La contracara

No conviene idealizarlo. Muchos de aquellos compradores minoristas entraron sin comprensión del riesgo de un activo ligado al precio internacional del crudo, y las caídas posteriores del petróleo, especialmente el desplome de 2014 y 2015, produjeron pérdidas importantes en carteras de personas que habían tomado la acción como un ahorro seguro. La compañía también enfrentó episodios de gestión y de infraestructura cuestionados en años posteriores.

Además, el control estatal mayoritario significa que las decisiones de fondo siguen teniendo un componente político que un accionista minoritario no puede modificar.

Qué se lleva

Lo útil del caso no es la salida a bolsa. Es lo que la antecedió: en 2003 alguien separó las funciones de árbitro y de jugador que convivían dentro de la misma organización.

Muchas empresas tienen esa confusión en pequeña escala y no la ven. El área que define el estándar es la misma que debe cumplirlo. Quien asigna el presupuesto compite por él. Quien evalúa la calidad depende del resultado que evalúa.

Antes de pensar en abrir capital, en traer un socio o en profesionalizar la junta, haga el inventario aburrido: ¿dónde en su organización la misma persona pone las reglas y juega con ellas? Esas casillas no se arreglan con buena fe ni con integridad personal. Se arreglan separando las funciones, aunque cueste dos cargos más.

La transparencia externa llega después, y solo sirve si la estructura interna ya aguanta que la miren.